¿Por qué el gobernador Newsom vetó la ley que daría permiso de trabajo a estudiantes indocumentados en universidades de California?
El veto del gobernador Gavin Newsom (demócrata) al proyecto de ley estatal denominado ‘Opportunity for All’ (Oportunidad para todos) genera preocupaciones y también un llamado al Congreso para que cambie la ley de inmigración, vigente desde 1965.
El proyecto, asignado con el número AB 2586, buscaba dar oportunidades de empleo para estudiantes indocumentados en universidades públicas del estado de California.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no permite obtener ningún tipo de beneficio migratorio a este tipo de migrantes “excepto si el Congreso o el presidente, por medio de una acción ejecutiva, les otorga un cierto tipo de beneficio por medio del cual puedan tramitar y obtener una autorización de empleo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Aprobado por el Congreso estatal a finales de agosto (con 41 votos a favor y 7 en contra), la iniciativa ordenaría a los sistemas de la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU) y los colegios comunitarios del estado que contraten a estudiantes que, debido a su condición legal, tienen dificultades para conseguir trabajos remunerados en los campus.
Entre los trabajos se consideran pasantías y oportunidades de investigación. El plan abría la puerta para iniciar contrataciones a partir de enero de 2025.
Pero el domingo, Newsom vetó la propuesta y la regresó a la Asamblea pidiendo que sea revisada por un tribunal.
Qué dijo el gobernador Newsom sobre su veto a la ley que permitiría trabajar a estudiantes indocumentados en universidades de California
El gobernador Newsom argumentó su negativa a promulgar la iniciativa de ley porque tenía serias dudas respecto a la legalidad de la autorización de empleo a una cierta categoría de extranjeros cuyo permiso no está contemplado en la ley federal de inmigración.
“Dada la gravedad de las posibles consecuencias de este proyecto de ley, que incluyen la posible responsabilidad penal y civil de los empleados estatales, es fundamental que los tribunales aborden la legalidad de una política de este tipo y la novedosa teoría legal que sustenta esta legislación antes de proceder”, escribió Newsom en una nota enviada a la directiva del Congreso estatal.
El gobernador agregó que “la solicitud de una resolución declaratoria en los tribunales -una opción disponible para la Universidad de California- proporcionaría esa claridad”.
Newsom dijo al explicar el veto que “California tiene una orgullosa historia de estar a la vanguardia en la expansión de oportunidades para estudiantes indocumentados que buscan hacer realidad sus sueños de educación superior. Incluir a los estudiantes inmigrantes en las oportunidades para tener éxito a través de la educación superior también es importante para las comunidades locales y la economía de California”.
Y agregó: “Desde 2001, cuando se promulgó la Ley DREAM de California (AB 540), el estado ha ampliado continuamente el a oportunidades de ayuda financiera y otros apoyos para los estudiantes que consideran a California su hogar, independientemente de su estatus migratorio”.
Pero, ante la duda si los indocumentados pueden recibir una autorización de empleo, algo que solo puede decirlo la ley federal, “es fundamental que los tribunales aborden la legalidad de una política de este tipo y la novedosa teoría legal que sustenta esta legislación antes de proceder”, precisó.
Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista y de derecho migratorio Ángel Leal, quien ejerce en Miami, Florida, explicó que “los estados no pueden otorgar beneficios a personas extranjeras que caen bajo la ley federal de inmigración”.
“Para un gobernante estatal, como el caso de Newsom, aprobar una autorización de empleo depende de las leyes federales de inmigración y del adjudicador de inmigración. Pero en este caso debe existir una categoría de inmigrante que califica para un permiso de trabajo o autorización de empleo, por ejemplo, DACA, asilo pendiente después de 150 días de solicitado, TPS u otras categorías legales disponibles vigentes”, agregó.
Tanto DACA como TPS son programas humanitarios que caen bajo la emisión de una orden ejecutiva emitida por el presidente, al igual que el ‘parole humanitario’ que beneficia a ciudadanos de Ucrania, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
Leal añadió que en el caso de estudiantes con visa F1, por ejemplo, “no es permitido que trabajen, pero al final de los estudios y graduación les otorga autorización de empleo para un entrenamiento práctico ocupacional, pero no para todos los estudiantes”.
“Los turistas B1/B2 no pueden trabajar en Estados Unidos. Dependiendo de la categoría de estatus que ocupa el extranjero determina la elegibilidad de un permiso de trabajo o no. Sin embargo, una ley estatal, como la AB 2586 de California, que concede ese derecho sin tener en cuenta el estatus, no sería prudente. Eso explica las razones del veto del gobernador Newsom”, indicó.
Activista culpa a los políticos de la decisión del gobernador Newsome de vetar el proyecto de ley
Para el activista Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes, en Los Ángeles, el veto emitido por el gobernador Newsom es un “error” y tiene que ver con “esta competencia en que se ha transformado el debate migratorio entre demócratas y republicanos”.
“Ambos luchan por encontrar posiciones diferentes con respecto a cómo resolver el problema migratorio, están compitiendo quién aparece más duro en contra de los inmigrantes, inclusive en California, un estado progresista. Pero pienso que el gobernador Newsom está pensando en su imagen con respecto a una futura candidatura para presidente por si Kamala Harris pierde las elecciones”, dice.
A la pregunta respecto a si el proyecto de ley AB 2586 no violaba la ley federal al otorgar permiso de trabajo a indocumentados que bajo la ley de inmigración no tienen derecho a ese beneficio, Gutiérrez dijo que “entonces no se le debería dar licencia de manejar a los indocumentados en algunos estados”.
