Por qué urgen a Biden para que amplíe TPS de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Nepal. Te explicamos
del Caucus Hispano del Congreso y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes le están pidiendo nuevamente al presidente Joe Biden que use su poder Ejecutivo para extender y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cinco países: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Nepal ante el riesgo que sean cancelados por orden judicial.
El jueves un grupo de representantes del Caucus Hispano, acompañados por activistas e inmigrantes sin estatus legal de permanencia en el país que claman ser autorizados para inscribirse en el programa humanitario, llevaron a cabo una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio para pedirle a la Casa Blanca que sus reclamos sean escuchados.
La urgencia obedece a que la próxima semana una corte federal iniciará las audiencias de un juicio resultado de una apelación presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) luego de la impugnación de un controvertido fallo emitido por ese tribunal.
La demanda original a favor del TPS
La demanda original fue presentada en 2018 después de que el expresidente Donald Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, Nepal y Honduras.
A través de la demanda, titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa, hechas por el gobierno de Trump, eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.
Sin embargo, un dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el 9º Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó la ACLU en ese momento.
Nueva revisión de demanda a favor del TPS
En febrero de este año la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anunció que revisaría el caso presentado en 2018 que protege de la deportación a unos 300,000 titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego que los beneficios fueron cancelados por el expresidente Donald Trump.
La Corte de Apelaciones “concedió una petición de nueva audiencia en pleno presentada por los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses en el caso Ramos v. Mayorkas”, dijo la ACLU en un comunicado. “El 9º Circuito desestimó una decisión anterior de un de tres jueces”, agregó.
“Durante cinco años mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de dos décadas y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la istración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, indicó.
En el fallo emitido en febrero, la jueza que preside la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Mary H. Murguia, dijo que “con el voto de la mayoría de los jueces activos no recusados, se ordena que este caso se vuelva a escuchar en pleno de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento de Apelación 35(a) y la Regla de Circuito 35-3”.
Y agregó: “La opinión del de tres jueces está anulada”, lo que significa que los cerca de 300,000 afectados están protegidos de la deportación hasta que la disputa judicial finalice.
El gobierno de Biden anunció extensiones de TPS
Mientras el caso permanece en manos de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en noviembre del año pasado el gobierno de Biden anunció que los TPS de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán fueron extendidos hasta el 30 de junio de 2024.
Pero los líderes del Caucus Hispano del Congreso temen que, si la Corte de Apelaciones del 9º circuito falla nuevamente en contra del programa, como ya lo hizo, miles de titulares del programa queden al borde de la deportación de Estados Unidos y sin una autorización de empleo.
La audiencia está pautada para el 22 de junio y no hay indicios, hasta ahora, de que el Congreso vaya a discutir una reforma migratoria que incluya la legalización de titulares de TPS, advierte el Caucus Hispano. “Extender y autorizar un nuevo (re-designar) TPS para estos países ahora, el presidente Biden puede garantizar que cientos de miles de familias inmigrantes puedan continuar contribuyendo a nuestras comunidades y economía”, indicaron.
Según el Caucus, el TPS para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos agregaría más de $29,000 millones anuales a la economía de nuestra nación”.
El TPS mantiene a las familias unidas
Los congresistas agregan que la expansión del programa humanitario “no solo permitiría que cientos de miles de trabajadores inmigrantes trabajen legalmente y permanezcan en el país, sino que también mantendría unidas a las familias, ya que los beneficiarios actuales y potenciales del TPS viven con unos 800,000 ciudadanos estadounidenses, 400,000 de los cuales son niños ciudadanos estadounidenses”.
“Proteger a los titulares de TPS se trata de amparar a mujeres, hombres y niños que han venido a los Estados Unidos huyendo de la violencia y de los efectos que estamos viendo del cambio climático en sus países de origen”, dijo Nanette Barragán (demócrata por California), presidenta del Caucus Hispano. “Honduras y Nicaragua aún se están recuperando de los efectos desastrosos del cambio climático, de estar dentro de la zona de impacto de huracanes devastadores en los últimos años”, agregó.
Las organizaciones que participaron en la conferencia de prensa señalaron además que un nuevo TPS “movería la Fecha de Registro”, permitiendo que más indocumentados de los países designados puedan recibir un amparo de deportación y una autorización de empleo.
En el caso de los TPS de Honduras y Nicaragua fue otorgado a principios de 1999 en respuesta al paso del huracán Mitch. El TPS de El Salvador, en cambio, fue autorizado en marzo de 2001 tras los devastadores terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de ese año en San Salvador, la capital.
Miles podrían beneficiarse de un nuevo TPS
Si el gobierno emite un nuevo programa, protegería a todos los indocumentados que se hayan en Estados Unidos “desde la fecha de vigencia del amparo”, dijo a Univision Noticias Juan Pachón, de la Organización FWD.US, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox.
“Cientos de miles de titulares de TPS no deberían vivir en el limbo ni un día más”, dijo en febrero Emi MacLean, abogada sénior de la Fundación ACLU del Norte de California, cuando la Corte de Apelaciones del 9º Circuito aceptó escuchar nuevamente el caso. “El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”.
Los demandantes en el caso Ramos v. Mayorkas están representados por las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, Trabajadores Desempleados Unidos y el bufete de abogados Sidley Austin LLP.
La coalición de organizaciones que representan a los titulares de TPS incluye National TPS Alliance, el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Ángeles, Adhikaar, Haitian Bridge Alliance y African Communities Together.
El DHS explica que el TPS se designa debido a condiciones que impiden a los ciudadanos de un país regresar a temporalmente de manera segura. Las causas para concederlo son: conflicto armado en curso (tal como una guerra civil); un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia; y otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.
Durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias de TPS o que han resultado elegibles de forma preliminar al TPS durante la revisión inicial de sus casos (elegibles prima facie, o elegibles de primera intención), no serán deportados de Estados Unidos, pueden obtener un permiso de trabajo (EAD) y en ciertos casos pueden obtener una autorización de viaje.
