Por qué los republicanos quieren que un juez cancele el 'Parole in Place' aprobado por Biden

La demanda presentada el viernes por 16 estados gobernados por republicanos para que una corte de distrito de Texas frene la implementación del 'Parole in Place', programa que arrancó el lunes y que permite a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos convertirse en residentes permanentes dentro de Estados Unidos, se basa en una serie de alegatos que los republicanos argumentan desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2020: 'es ilegal', aseguran.

Algunas demandas similares, como la interpuesta en contra del programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA), fueron ganadas en tribunales inferiores, sobre todo luego que el 13 de septiembre del año pasado una corte del sur de Texas emitiera por segunda vez un fallo declarándolo “ilegal”.

Pero se trata de una sentencia preliminar. La tercera semana de julio Univision Noticias reportó que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, basada en New Orleans, celebrará una audiencia donde los abogados de los estados republicanos que demandaron el programa y los abogados del gobierno y de las organizaciones que defienden DACA, presentarán sus argumentos a un de tres jueces.

Por su parte, el 23 de junio del año pasado la 19 estados estados gobernados por republicanos quienes demandaron y pidieron poner fin a las prioridades de expulsión centradas en aquellos extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.

Además de reconocer que el gobierno federal no tiene ni el personal ni los recursos para deportar a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, como piden los republicanos, el máximo tribunal de justicia dejó establecido que, “ cuando el Poder Ejecutivo elige no arrestar ni procesar, no ejerce poder coercitivo sobre la libertad o la propiedad de un individuo y, por lo tanto, no infringe intereses que los tribunales a menudo deben proteger”.

El dictamen agregó que “el principio de discreción de la Rama Ejecutiva en materia de ejecución de la ley sobre arrestos y procesamientos se extiende al contexto de la inmigración”. Y que los tribunales (inferiores) “también suelen carecer de estándares significativos para evaluar la idoneidad de las decisiones de ejecución de la ley en esta área, que invariablemente se ven afectadas por las limitaciones de recursos y las necesidades de seguridad y bienestar públicos que cambian con regularidad”.

Los argumentos contra el ‘Parole in Place’

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien lidera la demanda en contra del ´Parole in Place’ (al igual que lo ha hecho en otras demandas similares), indica que el programa migratorio “incentiva y recompensa la inmigración ilegal”. Y que el cambio autorizado por Biden “permitiría que ciertas clasificaciones de inmigrantes ilegales obtengan el estatus de residente permanente mientras permanecen en Estados Unidos en violación de la ley federal”.

Según los demandantes, “el estatuto federal prohíbe a los inmigrantes ilegales (indocumentados) obtener la mayoría de los beneficios de inmigración, como el estatus de residente permanente, sin antes salir del país (para un trámite consular) y ser itidos para volver a ingresar ((con una visa de inmigrante) y residir en el país legalmente”.

Según los demandantes, el programa, que entró en vigor el 19 de agosto, “permitiría a 1.3 millones de inmigrantes ilegales, más de 200.000 de los cuales viven en Texas, ignorar la ley federal y solicitar la residencia permanente, una oportunidad que no está legalmente disponible para quienes se encuentran en el país de manera ilegal”.

La cifra de beneficiarios, sin embargo, contrasta con los cálculos entregados el 18 de junio por la Casa Blanca cuando anunció el programa. En esa ocasión, y luego poco antes de que el programa entrara en vigor, el Departamento de Seguridad nacional IDHS) reiteró que el beneficio favorecería a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos y unos 50,000 hijastros. Los matrimonios deben demostrar además una presencia continua de al menos 10 años en el país, es decir desde al menos el 17 de junio de 2014.

Uno de los abogados que participa en la demanda y que representa a la organización conservadora America First Legal, Stephen Miller, el principal asesor político del expresidente Donald Trump cuando estuvo en la Casa Blanca, tildó el ‘Parole in Place’ como una “amnistía inconstitucional” y como “un acelerador mortal de la ruinosa invasión fronteriza, y utilizaremos todas las herramientas legales para detenerla”.

Miller es uno de los principales autores del Proyecto 2025, un documento de casi 900 páginas creado e impulsado por la Fundacion Heritage (Heritage Foundation) junto a más de otras 100 organizaciones, que propone una reestructuración de la burocracia federal estadounidense y define las actuales políticas que pregona el Partido Republicano.

Razones de Biden para el ‘Parole in Place’

De acuerdo con el reglamento del ‘Parole in Place’ publicado en el Registro Federal el 20 de agosto, el DHS explica el programa permitirá “mantener unidas a las familias” para que ciertos cónyuges no ciudadanos e hijastros de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en los Estados Unidos sin isión o libertad condicional, “soliciten la libertad condicional vigente de conformidad con la autoridad legal vigente”.

El documento agrega que “conceder la libertad condicional vigente (permitir que estos cónyuges o hijastros permanezcan y puedan hacer en Estados Unidos en ajuste de estatus), caso por caso, a los no ciudadanos elegibles de conformidad con este proceso logrará el importante beneficio público de promover la unidad y la estabilidad de las familias, aumentar la prosperidad económica de las comunidades estadounidenses, fortalecer las relaciones diplomáticas con los países socios en la región, reducir la presión sobre los recursos limitados del gobierno de EEUU y promover los objetivos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”.

La regla añade que la unidad familiar “es un objetivo fundamental del sistema de inmigración” vigente desde hace casi 60 años, objetivo que no se ha cumplido debido principalmente a “la falta crónica de fondos para nuestro sistema de inmigración”, el que ambos partidos en diversos debates a lo largo de las últimas tres décadas reconocen bajo distintos argumentos que se encuentra “roto”.

Tras explicar las limitaciones vigentes que impiden a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos e hijastros de ciudadanos ajustar sus estatus a residente legal sin antes salir del país para el trámite consular, pero que este paso conlleva sanciones de hasta 10 años por presencia no autorizada, el reglamento indica que el presidente, en uso de su poder ejecutivo, “ha establecido un proceso, a través de su autoridad de libertad condicional discrecional existente bajo la sección 212(d)(5)(A), 8 U.S.C. 1182(d)(5)(A),15 para que el DHS considere, caso por caso, las solicitudes de libertad condicional en el lugar presentadas por ciertos cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses”.

La regla añade que “si se les concede la libertad condicional en el lugar, estos no ciudadanos, si son elegibles, podrían solicitar un ajuste de estatus al de residente legal permanente (LPR), en lugar de tener que salir de Estados Unidos para solicitar una visa de inmigrante, ya que la libertad condicional vigente satisfaría el requisito de ‘inspeccionado y itido o en libertad condicional’”, y de esa manera alcanzar la codiciada green card o tarjeta verde.

A su vez, la norma vigente precisa que “este proceso no cambia ni elimina los criterios de elegibilidad para el ajuste de estatus al de un residente (LPR). Los indocumentados a quienes se les otorga la libertad condicional vigente bajo este proceso aún tendrán que cumplir con todos los demás requisitos reglamentarios y estatutarios al solicitar el ajuste de estatus al de un LPR, incluido que tengan una petición de visa de inmigrante aprobada basada en una relación de buena fe con un ciudadano estadounidense (por medio de un Formulario I-130), sean isibles en Estados Unidos (bajo la Sección 212) y merezcan una concesión de ajuste de estatus como una cuestión de discreción”.

De acuerdo con la ley vigente, loscónyuhes de ciudadanos una vez se convierten en residentes permanentes deben esperar tres años para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización. Los hijastros deberán esperar cinco años.

Qué alegan los estados republicanos

Los 16 estados demandantes del ‘Parole in Place’ (Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Ohio, Tennessee y Wyoming), alegan que la ley federal “prohíbe a los extranjeros que ingresaron al país ilegalmente, obtener la mayoría de los beneficios de inmigración”. Y que esto incluye “recibir el estatus de residente permanente sin primero salir de Estados Unidos y esperar fuera de Estados Unidos el tiempo requerido, con base en una petición de visa basada en la familia o en el empleo aprobada” por el gobierno.

Añade que “estas disposiciones de la ley establecidas por el Congreso sirven como poderosos desincentivos para que las personas crucen la frontera ilegalmente”. Y que, de hecho, “si no estuvieran presentes, no habría ninguna razón práctica para que ningún extranjero cumpliera la ley, esperara su turno y solo viniera a los Estados Unidos cuando la ley lo disponga”.

Cabe señalar que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), estipula que uno de los r4quisitos principales para la obtención de cualquier beneficio migratorio, incluso la residencia o green card, el inmigrante debe contar con una isión legal a Estados Unidos. Sin embargo, en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton, el Congreso aprobó la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera si el inmigrante acumula más de 180 días de presencia ilegal en el país, y el castigo se eleva a 10 años si la permanencia indocumentada supera los 365 días.

“Desafortunadamente la ley de 1996 no diferencia por clasificación de personas o grupos de inmigrantes. Por lo tanto, aplica a todo el mundo por igual, incluyendo a los cónyuges indocumentados de ciudadanos e hijastros”, dice Armando Olmedo, co-presentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que cada miércoles se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto de YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook.

Respecto a este punto clave contenjido en la demanda y que motivó al gobierno de Biden lanzar el programa, el DHS explicó en el reglamento que, la Sección 8 del Código de Estados Unidos § 1182(d)(5), “establece que el secretario del DHS puede “permitir la entrada a Estados Unidos temporalmente bajo las condiciones que él pueda prescribir sólo caso por caso por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo
a cualquier extranjero que solicite isión a Estados Unidos”.

Y agrega que, “específicamente, el DHS ha anunciado un nuevo programa PIP que permitiría a los extranjeros que han estado presentes ilegalmente en Estados Unidos durante 10 o más años recibir una concesión de ‘libertad condicional’ (sin salir de Estados Unidos e intentar regresar y solicitar la isión en un puerto de entrada) si el extranjero es el cónyuge o hijastro de un ciudadano estadounidense”. Esta misma facultad ejecutiva usada por el secretario del DHS mencionada en el reglamento del PIP es la mencionada en el fallo de la Corte Suprema respecto a las prioridades de deportación, demanda que perdieron los estados republicanos que entablaron el recurso jurídico.

Estas dos posturas son los argumentos clave en esta nueva disputa jurídica relacionada con la política migratoria e Biden desafiada por los republicanos.