Trump se prepara para gobernar por decreto y así materializar sus redadas, deportaciones y cierre de fronteras

El presidente electo Donald Trump lleva más de un año anunciando el regreso de su fronteras abiertas y permitido la entrada al país de "millones de extranjeros ilegales", sin mostrar cifras que lo sustenten.

También ha dicho que, desde el primer día de su segundo gobierno, el 20 de enero, cancelar una serie de programas, entre ellos los Estatus de Protección Temporal (TPS), la aplicación CBP One, Parole Humanitario (CHNV) y restringir severamente los programas de refugiados y asilo.

La lista luce más larga de lo que hasta ahora el presidente electo y el nominado para ocupar el cargo de zar de la frontera, Tom Homan, han anticipado. La estrategia incluye invocar las secciones Serie 1811, un conjunto de reglas para investigadores criminales federales en Estados Unidos.

Esta última aparece en el Proyecto 2025, un documento elaborado por más de 170 líderes conservadores y colaboradores de Trump y del cual el mandatario electo ha intentado desprenderse. Pero el autor del capítulo de inmigración es Homan, quien a partir del 20 de enero se convertirá en la cabeza de la fuerza nacional de deportaciones del nuevo gobierno.

Se activarse la Serie 1811, como parte de esa fuerza participarían, entre otros, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones Especiales del DHS (HSI) y el Servicio Secreto. Todos ellos serían parte de un poderoso grupo nacional que el nuevo gobierno planea utilizar para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas e históricas prometido por Trump y confirmado tanto por el vicepresidente electo, JD Vance, y el propio Homan.

Los anticipos oficiales

La tercera semana de diciembre Homan dio a conocer un nuevo dato sobre las advertidas deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Dijo que el plan de expulsión de extranjeros con antecedentes criminales y órdenes de deportación estaba “en marcha” y que la operación se hará a gran escala, pero que necesitará fondos del Congreso para conseguir los objetivos delineados por Trump durante la campaña y en las semanas posteriores a la elección.

A su vez, el exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el primer gobierno de Trump (nombramiento que nunca fue ratificado por el Senado), dijo que se necesitará un mínimo de encarcelar a inmigrantes. La cantidad señalada por el nuevo zar fronterizo equivale a más del doble de la actual capacidad de ICE, estimada entre 38,000 y 40,000 camas diarias. Pero de conseguir que el Congreso apruebe una solicitud de este tipo requerirá que también autoricen presupuesto para operaciones de arresto, vigilancia en centros de detención y acelerar miles de procesos de deportación, todo ello en el marco del debido proceso migratorio aprobado por el legislativo.

El Proyecto 2025 también incluye una larga lista de acciones que serán ejecutadas como parte del plan de deportaciones masivas. Entre ellas, menciona la ‘zonas sensibles’ donde el personal del ICE tiene prohibido operar y que “deberían ser rescindidos”. Esto significa que lugares como escuelas, hospitales e iglesias, entre otros, se convertirían en potenciales blancos de redadas.

La estrategia añade:

• Extender a nivel nacional del Programa de Deportación acelerada (expedited removal) que actualmente se aplica dentro de las 100 millas de la frontera. Permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar y expulsar de manera acelerada a extranjeros que llevan menos de 14 días en el país. Aquellos con más tiempo deberían ser referidos a un tribunal de inmigración para que un juez de inmigración decida sus futuros en el país, pero los agentes también pueden hacer uso de su amplia discrecionalidad.
• Reactivar el Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Fue activado en 2020 como parte de las medidas para detener la propagación de la pandemia de covid-19. Simultáneamente se utilizó para detener la entrada de extranjeros y expulsarlos aceleradamente a México.
• Reinstalar el Programa Permanecer en México (MPP). Impide la entrada de extranjeros que llegan a la frontera en busca de asilo y se les regresa a México a esperar en ese país la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
• Invocar una emergencia de seguridad nacional con el objetivo de cerrar las fronteras.
• Convocar a la Guardia Nacional para que colabore con las fuerzas nacionales de inmigración en el traslado y custodia de extranjeros indocumentados detenidos y colocados en procesos de deportación.
• Levantar campamentos para detener a extranjeros deportables.

Firma de órdenes ejecutivas

La semana pasada Trump aseguró a senadores republicanos durante una reunión a puertas cerradas en el Capitolio que está preparando la publicación de alrededor 100 órdenes ejecutivas para el 20 de enero, el primer día de su segunda presidencia. Y que estas acciones están diseñadas para "golpear de manera acelerada" la agenda legislativa del gobierno saliente, escribió la revista Time en un reportaje.

“Puedo deshacer casi todo lo que hizo Biden a través de órdenes ejecutivas. Y el primer día, gran parte de eso se deshará”, aseguró el mandatario electo a la misma publicación en noviembre. Pero para hacerlo de manera exitosa, Trump deberá evitar cometer los errores de su primer gobierno e impedir que los tribunales de justicia vuelvan a acusarlo de “caprichoso” y “arbitrario” por violar la Ley de Procedimiento istrativo (APA) y hacer cambios sin antes publicarlos en el Registro Federal y tomar en cuenta el comentario público.

Al respecto, el Proyecto 2025 propone cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de decretos presidenciales, una estrategia que pone en la mira de las deportaciones a la totalidad de los indocumentados, y amenaza además con procesos de investigación exhaustivos para quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.

En cuanto a la primera etapa de las deportaciones masivas, tanto Trump como Vance y Homan han revelado que a partir del primer día del nuevo gobierno -y durante el primer año- serán deportados entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con orden de deportación. El número total aproximado de todos estos beneficios, sin embargo, puede superar las proyecciones emitidas hasta ahora:

• Órdenes de deportación emitidas: entre los años fiscales 2015 y 2024, la Corte de Inmigración (EOIR en inglés) ha emitido más de 928,000 órdenes de deportación en ausencia, incluidos menores no acompañados y casos de asilo defensivo;
• Jóvenes amparados por DACA: unos 560,000 dreamers están protegidos de la deportación;
• Personas con 'parole humanitario': hasta finales de noviembre de 2024 poco más de 531,000 inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos quienes llegaron legalmente y obtuvieron libertad condicional de dos años en virtud de los procesos de libertad condicional (‘parole humanitario');
• Personas con citas en CBP One: desde que se introdujo el programa CBP One en enero de 2023, hasta finales de noviembre de 2024 unas 936,500 personas han logrado programar citas para presentarse en los puertos de entrada. Los principales beneficiarios son originarios de Venezuela, Cuba, México y Haití.

En total, se trata de una población aproximada de 2.955,500 personas, casi el doble de las proyecciones estipuladas hasta ahora. A la pregunta de si el gobierno federal tiene capacidad de respuesta para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y arresto de todos esos extranjeros, Homan ha dicho que no sabrá de los recursos de infraestructura, personal y presupuesto hasta que asuma la nueva istración el 20 de enero.

“Hasta que no sean publicadas (las órdenes ejecutivas) no vamos a saber cómo llevarán a cabo las deportaciones masivas”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Se trata de piezas clave que permitirán a las organizaciones de ayuda a inmigrantes y de derechos civiles demandar a constitucionalidad de las medidas para defender el respeto al debido proceso y los derechos de millones de inmigrantes en Estados Unidos”, agregó.

Las prioridades de deportación

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump deberá incluir la lista de prioridades de deportación. Esto, considerando que el gobierno federal no tiene los recursos necesarios ni capacidad de respuesta para detener, procesar y deportar números masivos de inmigrantes con antecedentes criminales y/o órdenes de deportación en ausencia, como pretende la estrategia conservadora.

El 25 de enero de 2017, cinco días después de haber iniciado su primer mandato, Trump publicó dos órdenes ejecutivas (una sobre el muro fronterizo y otra sobre las ciudades santuario) en las que estipulóo qué inmigrantes se encontraban en la mira de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La lista estableció:

• Extranjeros quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
• Extranjeros quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
• Extranjeros quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
• Extranjeros quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
• Extranjeros quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
• Extranjeros quienes estén sujetos a una orden final de deportación y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
• Extranjeros quienes, a juicio de un funcionario de inmigración supongan, un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Si son restablecidas, Trump ampliará el alcance de las deportaciones a casi la totalidad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace varias décadas y con familias establecidas.
Por el contrario, las prioridades de deportación del gobierno de Biden, vigentes desde 2021, establecen:

• Prioridad 1. Seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: Él o ella ha participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo o relacionados con actividades terroristas; Él o ella se ha involucrado o es sospechoso de participar en actividades de espionaje o relacionadas con actividades de espionaje; o Su aprehensión, arresto o custodia es necesaria para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
• Prioridad 2. Seguridad fronteriza. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: Fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2020; o él o ella no estuvo físicamente presente en Estados Unidos antes del 1 de noviembre de 2020.
• Prioridad 3. Seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si: Representa una amenaza para la seguridad pública y; Él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101 (a) (43) de el INA; o Ha sido condenado por un delito por el que estuvo activa participación en una pandilla criminal callejera, como se define en 18 U.S.C. § 521 (a) no menor de 16 años y participó intencionalmente en un crimen organizado pandilla u organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla u organización criminal transnacional.

"Todos estaremos atentos a las órdenes ejecutiva que publique el presidente Trump el 20 de enero. Hay mucha expectativa. Y cuando lo haga revisaremos cada detalle para saber si son bunas o malas. Y si vemos que se violan los derechos constitucionales de los inmigrantes o los derechos del debido proceso, las organizaciones de derechos civiles procederán de inmediato con demandas en los tribunales de justicia”, indicó Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
El 7 de noviembre, dos días después de la elección ganada por Trump, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo en una de sus páginas digitales que “mientras la nación se prepara para la devastadora avalancha de abusos a las libertades civiles identificada en nuestro análisis más reciente de las propuestas políticas y la retórica de Donald Trump, nosotros también estamos preparados”.

“Desde el primer día, estamos listos para luchar por nuestras libertades y derechos civiles en los tribunales, en el Congreso y en nuestras comunidades. Lo hicimos durante su primer mandato (presentando 434 acciones legales contra Trump mientras estaba en el cargo) y lo volveremos a hacer”, advirtió la organización.