La amenaza de Trump de cancelar programas y deportar a miles de inmigrantes no es nueva: es parte del Proyecto 2025
El expresidente Donald Trump ha vuelto a mencionar que, si gana las elecciones del 5 de noviembre y regresa a la Casa Blanca, pondrá en marcha un masivo plan de deportaciones. La amenaza no es nueva, pero esta vez apuntó directamente a dos programas que han permitido la entrada legal a Estados Unidos desde enero del año pasado a por lo menos 1.3 millones de extranjeros.
Se trata del ‘parole humanitario’, programa creado en abril de 2022 para permitir la entrada segura y ordenada al país vía aérea y con pasaporte válido de inmigrantes provenientes de Ucrania que huyen a causa de la invasión rusa.
Los beneficiarios reciben una autorización de viaje una vez el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autoriza a un patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos, entre ellos ciudadanos y residentes permanentes. Esos patrocinadores asumen la responsabilidad de cubrir los gastos que incurra el extranjero.
En octubre de ese año el programa fue extendido a Venezuela y, en enero de 2023, a Cuba, Haití y Nicaragua. Esto con el objetivo de bajar la presión en la frontera sur y frenar el ingreso indocumentado.
Los titulares de estos cinco países pueden entrar con una autorización de dos años y tienen derecho a un permiso de trabajo. Pero en el tiempo de otorgado por el programa deben regularizar sus estados bajo cualquier programa legal disponible, como el asilo. De lo contrario deberá irse o serán puestos en proceso de deportación, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) a Univision Noticias.
Un segundo programa activado en enero del año pasado es la aplicación móvil CBP One. Esa aplicación es utilizada por extranjeros que no tienen una visa y buscan asilo.
Deben programar una cita, esperar una notificación de comparecencia (NTA) en un puerto de entrada autorizado y ser entrevistados por un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
Si el oficial encuentra un motivo de miedo creíble, el caso puede ser referido a un tribunal de inmigración, de lo contrario el individuo será expulsado bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración bajo la premisa de no tener una causa legal para permanecer en Estados Unidos.
Desde que ambos programas entraron en vigor, CBP registra 1.3 millones de ingresos autorizados. A su vez, tras el cierre de la frontera ordenado por el presidente Joe Biden a principios de junio, los cruces indocumentados han disminuido a niveles que no se registraban desde 2019, según refleja el último reporte de la agencia federal.
La amenaza de Trump no es nueva
La semana pasada, Trump usó su cuenta en la red social Truth Social para decir que “como presidente, terminaré de inmediato con la invasión migratoria de Estados Unidos. Detendremos todos los vuelos de migrantes, acabaremos con todas las entradas ilegales, cancelaremos la aplicación de teléfono de Kamala (Harris) para contrabandear ilegales (CBP One App)”.
El expresidente agregó en la misma publicación que “revocaremos la inmunidad de deportación, suspenderemos el reasentamiento de refugiados y devolveremos a los inmigrantes ilegales de Kamala a sus países de origen. Salvaré nuestras ciudades y pueblos en Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y en todo Estados Unidos. ¡MAGA2024!".
El candidato republicano insiste en que la situación migratoria que vive el país es el resultado “del fracaso general de las políticas de inmigración de la istración (Biden-Harris)” y culpa directamente a la vicepresidenta de haber “debilitado la seguridad y crear incentivos para la inmigración ilegal”.
El gobierno de Biden, por su parte, insiste en proteger el debido proceso migratorio autorizado por el Congreso.
También ha enfatizado que la crisis se debe resolver por medio de la asignación de recursos presupuestarios enviados por el Legislativo para aumentar la capacidad de respuesta del gobierno federal y, de esa manera, resolver los problemas respetando los derechos de los inmigrantes.
Asimismo, la Casa Blanca de Biden insiste en que fue Trump quien en enero y luego en mayo detuvo la aprobación en el Senado de un plan bipartidista que otorgaba $14,000 millones que serían utilizados para la contratación de unos 1,200 agentes de la Patrulla Fronteriza, 1,200 agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, unos 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración y la creación de 100 nuevos tribunales de inmigración.
Con esos recursos, ha dicho el gobierno, el servicio de inmigración resolvería el problema de los casi 10 millones de solicitudes de beneficios acumulados y los más de 3.6 millones de casos estancados en la Corte de Inmigración (EOIR).
Vivir con temor en medio de las amenazas de Trump
A 40 días de la elección presidencial, el temor entre mucho inmigrantes está a flor de piel.
“Mi familia y yo tenemos mucho temor de que se cumpla la amenaza de cancelar los programas humanitarios que permiten nuestra permanencia legal en Estados Unidos”, dijo Esmeralda Tobar, una mexicana amparada bajo el Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA).
“El miedo siempre ha estado presente, pero ahora es más directo hacia nosotros, los inmigrantes que estamos amparados de la deportación de manera temporal. Eso nos obliga a revisar frecuentemente nuestros planes para asegurarse de que esté todo bien. Y que lo estará si nos vemos afectados por una redada”, agregó.
La voz de Tobar se quiebra. Llegó a Estados Unidos cuando tenía 18 meses junto a sus padres y hoy en día es uno de los poco más de 560,000 soñadores amparados por DACA. Está casada con un ciudadano integrante de la Guardia Nacional que en estos momentos se encuentra sirviendo en una base militar fuera de Estados Unidos.
“El regresa en enero. Pero ni siquiera con eso me siento segura. Ahorita todos, miles de personas estamos esperando qué pasará después del 5 de noviembre. Solo sabemos que están jugando con las vidas de nuestras comunidades”, agregó.
Tobar cuenta que entre las opciones que tiene con su esposo es someter una aplicación para ajustar su estatus como cónyuge indocumentada de ciudadano bajo el ‘parole in place’ anunciado recientemente por Biden. Pero el programa se encuentra detenido por orden de un juez federal a solicitud de una demanda presentada por estados gobernados por republicanos.
Los beneficiarios, estimados en unos 500,000 más 50,000 hijastros indocumentados, podrán recibir la residencia permanente dentro de Estados Unidos y luego calificar para la ciudadanía. El 'parole in place' está en manos de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y por ahora USCIS solo puede recibir solicitudes, pero no adjudicarlas.
“La ansiedad y el miedo existe, todos los días. Y aumenta cada vez que nos amenazan con quitarnos las protecciones después del 5 de noviembre”, dijo Tobar.
Trump y el Proyecto 2025
Univision Noticias publicó en agosto un reportaje sobre el plan de deportaciones del Proyecto 2025, una estrategia redactada por decenas de exfuncionarios del gobierno de Trump que propone cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de acciones ejecutivas que ponen en la mira de las deportaciones a la totalidad de indocumentados.
Y que también amenaza con procesos para cancelar programas humanitarios vigentes e incluso quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.
La fuerza nacional de deportaciones incluida en el ‘Proyecto 2025’ va más allá de la reagrupación de la totalidad de fuerzas federales que participan en el proceso migratorio. Recomienda modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que vaya en contra del objetivo que tienen los juicios de deportación estipulados en la ley vigente para acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.
Y aunque Trump insiste en desmarcarse del proyecto, su estrategia de campaña insiste en mencionar y amenazar, con términos similares, que ejecutará las mismas recomendaciones si llega nuevamente a la Casa Blanca.
Las deportaciones masivas, tal y como ha mencionado Trump en sus discursos y entrevistas como candidato, no solo se limitarían a la ejecución de redadas en casas de extranjeros y centros de trabajo, sino también en lugares sensitivos tales como iglesias, escuelas, hospitales y tribunales de justicia.
Y la lista de inisibles también incluiría a todo extranjero que cometa un simple error istrativo, como por ejemplo dejar en blanco un espacio en un formulario del servicio de inmigración.
“Esto ya lo hemos visto”, dijo Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de inmigración de Televisa Univision, coautor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’ y co-presentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’. “Los inmigrantes deberán estar limpios. La propuesta tendrá un gran impacto, por ejemplo, en los procesos de extensión de beneficios legales”, advirtió.
El Proyecto 2025, además, no toma en cuenta la participación del Congreso en la creación de un nuevo sistema migratorio, excepto en cuanto a la aprobación de fondos para construir un modelo que se ajuste a la visión del país promovida por The Heritage Foundation, similar a la expuesta por Trump la primera vez en el discurso de inauguración de su primer mandato tras ganar las elecciones del 2016.
“Obviamente no es bueno, la gente que está aquí legal bajo un programa otorgado por el gobierno no es ilegal. Trump está diciendo más de lo que ya dijo. Están en guerra contra todos aquellos que no nacieron en este país”, dijo Rogelio Núñez, director del Proyecto Libertad, en Harlingen, Texas.
“Las amenazas de ahora serán realidad mañana si gana. Él mira el mundo de otra manera, los que nacieron aquí son los buenos y los de afuera son los malos. Aunque Estados Unidos se defina como un país de inmigrantes, cuando llega el momento aparecen candidatos con este tipo de discursos que muestran lo contrario”, concluyó.
Mira también:
