Bukele pactó con una pandilla por una obra que impulsó su carrera política, afirma un nuevo reportaje
El plan que transformó por completo en 2016 al Centro Histórico de San Salvador, capital de El Salvador, y que terminó siendo uno de los principales proyectos del alcalde en ese entonces, el hoy presidente Nayib Bukele, se logró gracias a un pacto que su gobierno hizo con la pandilla Barrio 18, afirma un nuevo reportaje de InSight Crime.
Es la segunda ocasión en menos de un mes que una investigación periodística pone contra las cuerdas a Bukele por presuntos tratos que de su gabinete hicieron con peligrosos pandilleros.
En septiembre, el medio El Faro aseguró que oficiales de su istración se habían reunido con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) para pedirles cerrar “las válvulas” de asesinatos a cambio de tratos favorables en las cárceles, algo que el gobierno negó que fuera cierto.
El reportaje de InSight Crime publicado este jueves afirma que funcionarios de la Alcaldía de Bukele dialogaron hace unos años con la clica Barrio 18-Revolucionarios, una facción de la Barrio o Mara 18, para que los ayudaran con la reubicación de miles de los vendedores ambulantes en el nuevo Mercado Cuscatlán.
Así cambió radicalmente la imagen del Centro Histórico de San Salvador, que ahora es un espacio con cafés, bares y tiendas. Al tiempo que colocaron a los comerciantes irregulares en locales establecidos.
El medio informó que la Barrio 18 le exigió al Ayuntamiento de Bukele que le diera 100,000 dólares para movilizar a los vendedores, entonces preocupados por perder a sus clientes. Pero la pandilla terminó aceptando otra oferta tentadora: 18 puestos de venta con buena ubicación en el Mercado Cuscatlán.
El problema es que los pandilleros que habrían guiado la mudanza hacia el nuevo mercado eran los mismos que por varios años han extorsionado a esos comerciantes callejeros. Tanto la Barrio 18, como la MS-13, siguen dominando ampliamente el Centro Histórico de San Salvador.
Las viejas negociaciones con la Mara
InSight Crime también descubrió que en diciembre de 2015 un funcionario del gobierno municipal de Bukele, Carlos Marroquín, quien era el jefe de la llamada unidad de reconstrucción de tejido social, se había reunido en una pizzería con algunos integrantes de la Mara Salvatrucha. “Él era el intermediario con las pandillas”, dijo una fuente a dicho medio.
El presidente Bukele no se ha pronunciado al respecto. Hace un mes, tras las revelaciones que hizo El Faro, el mandatario respondió en su cuenta de Twitter que era una de las notas “más ridículas que he visto” y subrayó que se trata de “información falsa”.
“Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas. ¿Ahora dicen que les damos privilegios? Muéstrenme un privilegio. Uno solo", tuiteó el 3 de septiembre. Posteriormente, Bukele llevó a la prensa a una prisión tratando de confirmar que no le estaba brindando privilegios a ningún pandillero.
De acuerdo con El Faro, la istración de Bukele pactó con la MS-13 y echó abajo la medida de poner a pandilleros rivales en la misma celda, quitaron a custodios que no les favorecían y les permitieron vender comida dentro de los penales.
También les habrían prometido “reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros ‘beneficios’” si es que el partido político del presidente Bukele, Nuevas Ideas, logra la mayoría legislativa en las elecciones de febrero de 2021.
A cambio de esas concesiones, los jefes de la Mara Salvatrucha habrían prometido cerrar “las válvulas” o pedirles a los de sus clicas que dejaran de cometer asesinatos, y apoyar a los candidatos del partido Nuevas Idea para que ganen curules en las siguientes elecciones,
Las acusaciones de que la MS-13 se beneficia de acuerdos secretos con gobernantes salvadoreños no son nuevas. En un juicio contra cientos de mareros detenidos en la ‘Operación Cuscatlán’ salieron salpicados políticos de los partidos Arena y FMLN.
Hace ocho años, el gobierno de ese país pactó abiertamente una tregua con los jefes de la MS-13, reduciendo la tasa de homicidios en los años siguientes. Pero ahora la Fiscalía acusa al expresidente Mauricio Funes y a quien fue su ministro de Defensa y de Seguridad Pública, de incluir en el llamado ‘Proceso de pacificación’ puntos que resultaron contraproducente, como dejar de hostigar a los jefes de las bandas en las prisiones, hacerse de la vista gorda por sus crímenes y permitir sus extorsiones.
