Guerra de Bukele contra las maras llega a los cementerios, ¿sirve de algo destruir sus tumbas?
El gobierno de Nayib Bukele está persiguiendo a las pandillas hasta en los cementerios de El Salvador como parte de su polémica estrategia que busca reducir la violencia que generan esos grupos delictivos.
La nueva misión encomendada por Bukele es destruir todas aquellas tumbas que tengan siglas, imágenes o inscripciones de la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras organizaciones.
“Destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña no es un trabajo fácil; de hecho, siempre se creyó que era imposible. Lograrlo requiere de muchas acciones simultáneas. Una de ellas es destruir sus símbolos, su sentido de pertenencia, su memoria”, escribió el presidente en un tuit que incluye un video que registró el derribo de algunas lápidas en un panteón municipal en Santa Tecla.
Una de esas tumbas es la de Luis Alberto Yanes Rivera, un miembro de la Mara que murió en 2006. Tenía 17 años, según las fechas inscritas en la placa. Los martillazos redujeron a escombros la imagen del menor, la frase “RIP Extraño de ZCS” y las letras “MS”.
“Por cierto, los encargados de destruir las tumbas de los pandilleros son todos prisioneros, resarciendo un poco del daño que le hicieron a la sociedad”, aclaró Bukele.
No hay una cifra precisa de cuántas lápidas han sido deshechas. El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, informó hace unos días que había enviado a una cuadrilla de presos al cementerio local para retirar o destruir cerca de 80 lápidas que tenían siglas o inscripciones de las pandillas, según la agencia AP.
En esos lugares no solo honraban la memoria de los delincuentes muertos, sino que incluso se hacían “rituales satánicos”, de acuerdo con Flores.
El viceministro de Justicia de ese país, Osiris Luna Meza, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se observa reos en la fase procesal de confianza, integrantes del programa penitenciario "Yo cambio", quienes destruyeron varias sepulturas en el Cementerio Municipal de Colón, en La Libertad, a unos 10 kilómetros (6.2 millas) de San Salvador.
“Los terroristas ‘honraban’ y colocaban flores a sus integrantes en el cementerio de Santa Tecla. Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos. En este país, las pandillas ya no tienen cabida”, tuiteó el funcionario.
“YA NO podrán ‘honrar’ a sus compañeros fallecidos los terroristas. Este día también DESTRUIMOS tumbas con distintivos de pandillas”, agregó.
La “guerra” contra las pandillas
Los restos de los pandilleros no serán exhumados de esos panteones. Sin embargo, les exigirán a los familiares que no vuelvan a colocar mensajes o imágenes de las maras. Lo que el gobierno no aclaró es quién pagará las construcciones de las nuevas tumbas.
Estas acciones, dijo el viceministro Luna Meza, son parte de las jornadas para retirar otras insignias de las pandillas que pululan en los barrios: el grafiti.
“Como que no ha pisado aquí nunca un pie una pandilla. Así que vamos a borrar todo el rastro de ellos… Ellos no van a existir ya definitivamente en este país”, dijo el funcionario en un video.
Las autoridades dicen que estas medidas son parte de lo que llaman una “guerra contra las pandillas”, una política puesta en marcha desde un repunte de violencia que dejó 62 muertos en un solo día en marzo pasado, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
El Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de los detenidos, a ser debidamente informados de sus garantías y de los motivos de arresto. Tampoco tienen el beneficio de tener la asistencia de un abogado.
El Congreso salvadoreño también reformó el Código Penal para que formar parte de una pandilla sea considerado y castigado penalmente. La sanción puede llegar a una condena de 20 a 40 años de prisión. En el caso de los cabecillas, las sentencias posibles suben de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y de hasta 10 años a los mayores de 12.
Desde la vigencia del régimen de excepción las autoridades dicen haber capturado a más de 56,000 presuntos pandilleros de los cuales 850 ya han sido liberados.
Bukele reclama que las organizaciones de derechos humanos solo defienden a los criminales, mientras que gobiernos anteriores emprendieron iniciativas laxas contra los mareros. Es el caso de Medardo Eugenio Melgar Martínez, alias ‘El Morro’, de la MS-13, quien fue arrestado y liberado varias veces.
“Este terrorista fue encarcelado 24 veces. ¡24 veces! Y 24 veces fue liberado por el sistema judicial corrupto que estamos reformando. Quiénes exigen que regresemos a ese sistema judicial, son los que quieren que ‘El Morro’, y muchos más, sigan asesinando a nuestro pueblo”, tuiteó Bukele.
El gobierno salvadoreño ha destacado que transcurrieron 231 días con cero homicidios durante toda la actual gestión y, de estos, 131 días han sido dentro del llamado régimen de excepción.
Pero una nota de La Prensa Gráfica afirma que al menos 200 personas han perdido la vida a causa de la violencia mientras ha estado vigente dicho régimen. La discrepancia se debe a que las autoridades han creado un subregistro de víctimas, excluyendo de su conteo a “terroristas” o pandilleros.
Con información de la agencia AP.
