Trump pide a la Corte Suprema que revoque el fallo que le impide utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para sus deportaciones
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que intervenga en la disputa legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigua ley del siglo XVIII que utilizó para expulsar del país a venezolanos que acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, pese a que un juez había bloqueado la medida.
Se trata de una apelación de emergencia, que específicamente solicita a los magistrados el máximo tribunal del país que revoquen la orden del juez federal de distrito James Boasberg.
Observadores de la política local coinciden en afirmar que esta pelea legal es una de las más importantes del inicio del gobierno de Trump, porque está enfrentando abiertamente al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, a tal punto -afirman- de que podría desencadenar en una crisis constitucional.
La movida de la Casa Blanca este viernes ocurre días después de que una corte de apelaciones federal mantuvo 1798, y que afectó a un grupo de más de 200 venezolanos expulsados a El Salvador.
Un dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden del 15 de marzo que prohibía temporalmente las deportaciones en virtud de la ley centenaria de tiempos de guerra.
Invocando esta ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense deportó a cientos de personas en virtud de una declaración presidencial que calificaba a la pandilla venezolana Tren de Aragua de fuerza invasora.
El Departamento de Justicia apeló después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueara las deportaciones y ordenara el regreso a EEUU de dos aviones con inmigrantes venezolanos, lo que el ejecutivo republicano no cumplió.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos detenidos en Texas.
El conflicto creciente entre Trump y el Poder Judicial
Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito en Washington, se ha comprometido a determinar si el gobierno desafió o no su orden de hacer regresar los aviones.
El gobierno ha invocado el "privilegio de secretos de Estado" y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que "el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
La Ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a extranjeros sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos de pandillas.
Su fallo declaró que existe "un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar".
¿Está Estados Unidos en guerra?
Durante años, Trump y sus aliados han argumentado que Estados Unidos se enfrenta a una "invasión" de personas que cruzan ilegalmente la frontera sur. Los arrestos en los límites fronterizos con México superaron los dos millones al año durante dos años consecutivos por primera vez bajo el presidente Joe Biden, y muchos fueron liberados en Estados Unidos para solicitar asilo.
Tras alcanzar un máximo mensual histórico de 250,000 en diciembre de 2023, esos arrestos se desplomaron a menos de 8,400 este febrero, los niveles más bajos desde la década de 1960.
La ley, afirmó Trump en su discurso inaugural, sería una herramienta clave en su ofensiva contra la inmigración.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense”, declaró. “Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones”.
Los críticos afirman que Trump está utilizando erróneamente la ley para atacar a actores no estatales y no a gobiernos extranjeros.
“Invocarla en tiempos de paz para eludir la ley migratoria convencional sería un abuso asombroso”, escribió el Centro Brennan para la Justicia, calificándola de “contraria a siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”.
“Las detenciones sumarias y las deportaciones bajo esta ley contradicen la comprensión contemporánea de la igualdad de protección y el debido proceso”, declaró ese centro.
La situación se ha hecho más evidente tras numerosos reportes de medios de comunicación nacionales que indican que muchos de los deportados no tenían antecedentes criminales ni pertenecían a la pandilla venezolana. Sus familiares incluso denuncian que solo por tener tatuajes fueron colocados en los vuelos de deportación a El Salvador, donde además han sido tratados como delincuentes comunes, no como migrantes.
Ser indocumentado en EEUU es una falta civil que se castiga con la deportación al país de origen.
¿Es la inmigración ilegal una "invasión" como dice Trump?
Es un argumento nuevo y sin probar. Trump ha advertido sobre el poder de las bandas criminales latinoamericanas en Estados Unidos, pero solo un pequeño porcentaje de las personas que viven ilegalmente en el país son delincuentes.
Trump, en su declaración de guerra el sábado, afirmó que el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Añadió que la banda participaba en una “guerra irregular” contra Estados Unidos bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El Tren de Aragua se originó en una prisión anárquica en el estado central venezolano de Aragua y acompañó el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la última década.
El mes pasado, la istración de Trump designó al Tren de Aragua y a otras siete organizaciones criminales latinoamericanas como "organizaciones terroristas extranjeras", lo que aumentó la presión sobre los carteles que operan en Estados Unidos y sobre cualquiera que los ayude.
El Servicio de Investigación del Congreso declaró en un informe el mes pasado que los funcionarios podrían usar las designaciones de terroristas extranjeros para argumentar que las actividades de la banda en Estados Unidos constituyen una invasión limitada. "Esta teoría parece no tener precedentes y no ha sido sometida a revisión judicial", declaró el Servicio de Investigación del Congreso.
El gobierno venezolano no suele aceptar a sus ciudadanos de regreso de Estados Unidos, salvo en contadas ocasiones. En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Con información de The Associated Press.
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