Por qué buscaría Trump trasladar el caso de Georgia a una corte federal

En el sureño estado, Trump tiene poco margen de maniobra a la hora de intentar evadir las acusaciones por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, violación del juramento de un funcionario público y declaraciones falsas.

Al día siguiente de presentarse la acusación en su contra, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, uno de los 18 "cómplices", presentó una moción para trasladar el caso de Georgia a un tribunal federal donde argumenta podría tener una defensa menos complicada. Aparentemente esa misma vía utilizaría Trump, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por ABC News y Politico.

La diferencia entre local y federal en los casos contra Trump y los suyos

Un caso federal siempre tiene más peso que uno estatal, pero la naturaleza de la acusación en Georgia contra el expresidente hace la defensa más complicada para él y sus 18 coacusados.

En un juzgado federal, Trump tendría la posibilidad de contar con un jurado más comprensivo y con mayor margen de maniobra debido a los retrasos que implicaría el propio traslado del caso, coinciden abogados y profesores de Derecho citados por el mismo medio.

En documentos judiciales presentados el martes, los abogados de Meadows aseguraron que en un juzgado federal podría argumentar que es inmune a la acusación en virtud de la Constitución de EEUU, porque los delitos señalados ocurrieron mientras él desempeñaba funciones de gobierno.

Meadows fue acusado de dos cargos: violación de la ley de extorsión de Georgia y solicitud de violación de juramento por un funcionario público.

Según sus abogados, los cargos que se le imputan constituyen una "injerencia del estado (de Georgia) en las funciones de un funcionario federal", lo que vulnera la cláusula de supremacía de la Constitución. Meadows tiene la intención de presentar por separado una solicitud de "desestimación inmediata" de los cargos, añadieron sus abogados.

Qué antecedentes hay de casos estatales que pasan a cortes federales

Una ley federal, conocida como "estatuto de traslado", permite en general a un "funcionario de Estados Unidos" que se enfrenta a cargos en un tribunal estatal trasladar el procedimiento a un tribunal federal si el presunto comportamiento entra dentro de sus funciones gubernamentales.

Analistas legales citados por Politico sostienen que la transferencia en estas circunstancias carece de validez, dado que interferir en los resultados de una elección no se ajusta a las responsabilidades oficiales que tiene un funcionario.

Trump ya lo intentó anteriormente en Nueva York, donde enfrenta cargos por presunta falsificación de registros comerciales por un pago confidencial a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, previo a las elecciones presidenciales de 2016.

Los abogados de Trump argumentaron que estaba actuando en su capacidad como presidente cuando contrató y pagó a un abogado personal que orquestó pagos para acallar las acusaciones de relaciones sexuales extramaritales.

Pero el juez Alvin K. Hellerstein dijo en julio que no veía "relación con ningún acto oficial del presidente" en la presunta conducta que convirtió a Trump en el primer expresidente acusado de un delito.

Los expertos creen que en el caso de Georgia, Trump podría tener argumentos más sólidos para intentar el traslado del caso a una corte federal. El expresidente podría alegar que, en su calidad de presidente, pensó que las elecciones estaban siendo afectadas por fraude y que tenía la responsabilidad de tomar medidas al respecto.

Pero como explica Clark D. Cunningham, profesor de Derecho en la Universidad de Georgia, citado por ABC News, los supuestos esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral en Georgia estuvieron más relacionados con su papel como candidato en busca de la reelección que con su función presidencial.

Aun así, son pocos los traslados de un caso penal estatal a la jurisdicción federal, siendo más frecuentes en el ámbito civil. "En el ámbito penal, esto ocurre muy rara vez, realmente es poco común", refiere Neama Rahmani, ex fiscal federal citado por el mismo medio.

Qué ventajas tendría para Trump trasladar el caso a un tribunal federal

La acusación de Georgia señala a Trump de dirigir una organización que quiso alterar el orden democrático. La ley RICO (siglas de The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Mafiosos), en la que se sustenta el caso, permite vincular legalmente a varias personas que hayan trabajado para lograr un fin criminal común y hacerlos a todos responsables sin importar cuál haya sido su posición en la cadena de mando y si se conocían entre ellos.

Un eventual traslado del caso a una jurisdicción federal donde se pueda constituir un grupo más amplio de posibles jurados que el que se conformaría en Fulton, un condado fuertemente demócrata, sería más ventajoso para el expresidente.

En las elecciones de 2020, Trump tuvo mejores resultados en el Distrito Norte de Atlanta, que abarca 10 condados, o en zonas rurales y conservadoras. Una migración del caso podría ser potencialmente beneficiosa para el expresidente, según expertos.

Igualmente, cuatro de los 15 jueces de ese distrito fueron nombrados por Trump en su cargo.

Adicionalmente, el tiempo que tomaría hacer el traslado del caso juega a favor del expresidente. La moción podría tardar meses en resolverse, afirma Cunningham, señalando que Trump y otros acusados podrían llevar su causa al 11º Circuito de Apelaciones o incluso a la Corte Suprema.

¿Qué pasaría con la acusación de la fiscal del estado, si migra el caso a una corte federal?

Si el caso de Georgia finalmente termina trasladándose a una jurisdicción federal, Trump y los otros 18 acusados serían igualmente juzgados bajo la ley RICO y la acusación seguiría a cargo de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, y su equipo.

"Si (Trump) fuera condenado, lo sería bajo las leyes estatales", asevera Michael Dorf, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Cornell, también citado por ABC News.

Los cargos de la ley RICO a los que se enfrentan Trump y otras 18 personas conllevan una condena mínima obligatoria de cinco años. Si Trump resultara electo presidente en 2024 no podría autoindultarse, porque ese poder presidencial no abarca los fueros estatales.

Tampoco lo puede hacer el gobernador de Georgia. La potestad consagrada en la Constitución estatal está reservada a una junta especial de indultos.

Pero la junta tampoco concede el perdón antes de los 5 años de condena cumplida.