Así es como la Legislatura de Puerto Rico podría destituir al gobernador Rosselló, que se resiste a dimitir

SAN JUAN, Puerto Rico.- Casi medio millón de puertorriqueños ‘destituyó’ al gobernador de Puerto Rico en una histórica manifestación que este lunes paralizó parte de la capital. Sin embargo, Ricardo Rosselló se resiste a renunciar y ha dejado que sea la Legislatura quien decida si él debe ceder el poder.

El gobernante de 40 años se encuentra cada vez más aislado políticamente desde que a mediados de julio fueron arrestadas dos exfuncionarias suyas por presunto fraude y el Centro de Periodismo Investigativo su renuncia a la presidencia de su partido y a la aspiración de reelección en el 2020— han llegado a los puertorriqueños a través de Twitter y de un Facebook Live.

Sobre la manifestación, que con casi medio millón de personas ha sido la más multitudinaria en la historia moderna de Puerto Rico, el gobernador dijo este martes en Twitter: “El pueblo está hablando y me toca escuchar. Han sido momentos de total reflexión y de tomar decisiones que se van ejecutando según las preocupaciones del pueblo y sus mejores intereses”. En otro más precisó, sin embargo: “Por el momento, las futuras expresiones que emitiré estarán dirigidas a las acciones que llevamos a cabo como parte de la obra de gobierno”.

Una vez más, se abstuvo de renunciar al cargo al que llegó en los comicios del 2016 sin experiencia política previa. Tampoco abordó en sus tres tuits el posible proceso de destitución en la Legislatura. Pero en su mensaje del domingo puso en manos de ese cuerpo su futuro como gobernador de Puerto Rico.

“Debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa, el cual enfrentaré con toda la verdad, fuerza y de manera responsable”, afirmó ese día en un breve video por Facebook.

Univision Noticias conversó con abogados expertos en Derecho Constitucional con el objetivo de explicar cómo se desarrollaría el mecanismo de destitución o "residenciamiento", al que nunca antes se ha recurrido en Puerto Rico para remover del cargo a un gobernador.

¿Cómo es el proceso de un juicio político en Puerto Rico y cuáles son las causales para destituir al gobernador?

El proceso comienza en la Cámara de Representantes, que tiene la potestad de presentar cargos contra el gobernador imputando lo que la Constitución de Puerto Rico requiere: traición, soborno, delito grave o delito menos grave que implique depravación moral, explicó el profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, José Julián Álvarez González.

Para ello no es necesario que haya sido encontrado culpable en el foro penal de esos delitos, agregó el abogado. “La Cámara actúa como fiscal (...) Basta con que por votación de dos terceras partes concluya que, a su juicio, se cometieron esas actuaciones que satisfacen esos cuatro criterios que establece la Constitución”, añadió.

De reunir esas dos terceras partes, la Cámara presenta entonces la acusación y sus pruebas ante el Senado, quien decidirá si el gobernador cometió aquellos cargos que la Cámara le imputó. “Para expulsar al gobernador de su cargo mediante ese proceso de "residenciamiento" se requerirían tres cuartas partes del número total de los que componen el Senado”, destacó.

¿Cuántos votos se requieren en la Cámara y el Senado para aprobar la destitución?

La Cámara de Representantes está compuesta por 51 legisladores, por lo que 34 votos representan dos terceras partes. El Senado cuenta con 30 , lo que significa que 23 votos son las tres cuartas partes.

Actualmente, tanto la Cámara como el Senado son controlados por el oficialismo. Si bien algunos legisladores de su partido, el Nuevo Progresista, han pedido se renuncia, no está claro cuántos eventualmente votarían a favor de removerlo del poder. Los legisladores de las dos principales fuerzas opositoras, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, apoyan su salida pero sus votos son insuficientes para lograrlo.

¿Qué pasos se han dado para un posible residenciamiento?

La semana pasada, el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, encomendó a tres juristas analizar en 10 días el contenido de las casi 900 páginas del chat de Telegram y recomendar si procede activar el mecanismo de "residenciamiento". El trío deberá, a pedido de Méndez, presentar un informe unánime.

Sin embargo, es la Cámara la que finalmente tiene la determinación de presentar alguno de los cargos mencionados previamente, enfatizó el profesor Álvarez González. “Cómo lo hará una vez reciba ese informe —si es que ese informe unánime encuentra que se han cometido alguna de esas cuatro causales—, si lo hará a través de la comisión de lo jurídico o si lo hará a través de una comisión especial. En este momento no lo sabemos y el presidente de la Cámara no lo ha dicho”, acotó.

¿En qué se diferencia un juicio político y uno judicial?

El proceso que podría enfrentar el gobernador en la Legislatura es únicamente político. “No se conduce en un tribunal, aunque se considera un juicio, no se da dentro del sistema judicial”, explicó el profesor de la Universidad de Puerto Rico, William Vázquez Irizarry. No aplican garantías de un proceso criminal habitual porque su objetivo se centra en el futuro de la silla de la gobernación. “La sentencia se limitará a la separación del cargo”, de acuerdo con la Constitución.

Cualquier responsabilidad criminal por parte del mandatario deberá ser resuelta por la vía judicial. “Son posibilidades que corren de manera paralela”, dijo Vázquez Irizarry.

El abogado también resaltó el hecho de que en un juicio político, aunque se evalúan unas causales de destitución, “hay todo un sentido de que el proceso va a responder también a cómo los legisladores ejerzan su responsabilidad en relación a lo que es el sentir de la ciudadanía”.

Si Rosselló es removido del cargo, ¿quién queda al mando?

La Constitución local dispone que, en caso de que no haya un gobernador hábil, le sucederá en el cargo el secretario de Estado y que la ley dispondrá una orden de sucesión para cuando no estén disponibles esas dos figuras, explicó el profesor Álvarez González. De acuerdo al orden sucesorio, la tercera persona en la línea es la secretaria de Justicia.

El actual escenario de sucesión es complejo, debido a que Puerto Rico actualmente no tiene secretario de Estado. El anterior, Luis Rivera Marín, era parte del chat y abandonó el puesto días después de que este fue desvelado.

Rosselló no ha designado a un sustituto y, según analistas, se debe a una estrategia para permanecer en el poder. Esto porque sin un secretario de Estado asumiría como gobernadora la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien es rechazada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, una figura de peso en el partido oficialista.

La pugna quedó evidenciada en una de las conversaciones del chat. A fines del año pasado, Rivera Schatz se enfrentó públicamente al gobernador luego de que la secretaria Vázquez fuese denunciada por presunta intromisión en un caso judicial que involucró a su hija. En ese momento, Rivera Schatz le pidió con fuerza a Rosselló que la sacara del cargo, a lo que él se negó.

Finalmente, una jueza halló no causa para seguir adelante con el caso, lo que fue celebrado en el chat de Telegram como una victoria para Rosselló. De acuerdo a esas conversaciones, el mandatario incluso planificó un viaje al exterior junto con el secretario de Estado para dejar a Vázquez como gobernadora interina y mortificar a Rivera Schatz.

Sobre el tema de quién sucede a un gobernante destituido, el jurista Álvarez González advirtió que, si bien la ley dispone que en la sucesión la tercera persona es la secretaria de Justicia, “parece sugerir que el secretario de Estado pudiera no ser una figura que haya sido confirmada como dice la Constitución por la Cámara o el Senado. Es decir, que pudiera ser un secretario de Estado meramente interino”.

“Creo que si se hace esa interpretación colocaría esa ley en una ley a mi juicio claramente inconstitucional, porque el propósito de requerir que el secretario de Estado sea confirmado tanto por la Cámara como por el Senado es precisamente requerir que sea una figura que ostente el cargo en propiedad”.

¿Cuánto podría durar el proceso de destitución?

Sería un escenario inédito en la isla, pero puede tardar “todo lo que los políticos y la defensa del gobernador estén dispuestos a tolerar”, dijo Álvarez González.